13 05 2021 CÓMO HACER PARA QUE LA GENTE VUELVA A LOS PUEBLOS

 

           La muy reciente ley aprobada en las Cortes de Castilla-La Mancha para intentar corregir la desastrosa situación a que nos está llevando el proceso de despoblación en la España interior (incluida buena parte de la provincia de Cuenca), ha sido recibida con todo tipo de elogios y plácemes, incluyendo el hecho insólito de haber salido adelante del trámite parlamentario por unanimidad. Que los dos grupos políticos que se reparten el poder en nuestra Comunidad Autónoma se puedan poner de acuerdo en algo es cosa tan sorprendente que sólo con decirlo (o escribirlo) nos hacemos una idea de la situación de deterioro que se ha alcanzado por la voluntad de unos y de otros.

            Parece, pues, que todos somos felices y afrontamos un futuro para el que se abre la perspectiva de poder enderezar un camino negativo que se viene recorriendo desde hace más de medio siglo pero que en los últimos años se ha ido precipitando de manera muy acusada, en especial si se pone en comparación con lo sucedido en otras partes del territorio nacional, cuyo progreso en todos los órdenes, incluido el demográfico, es patente y queda bien recogido en los números. No voy yo aquí a romper ese sentimiento de general satisfacción por la medida legal introducida, aunque suelo tener siempre una cierta reserva hacia soluciones basadas en la normativa publicada en el periódico oficial. Lo importante es la aplicación práctica de lo que se ha aprobado y ahí es donde está realmente el desafío, porque la realidad necesita de hechos concretos y eficaces, no solo de un articulado en el que se recogen varias declaraciones teóricas.

Nos dicen que la nueva ley introduce incentivos fiscales, apoyo a las empresas, mejora de los servicios educativos y sanitarios en los municipios que se encuentran en riesgo de despoblación, con el objetivo de contener el éxodo del territorio rural e incluso revertirlo para intentar que vuelven muchos de los que se fueron o que se incorporen otros nuevos que sientan en su ánimo la benéfica llamada de la vida lejos de las grandes ciudades. Por supuesto, nada que objetar a tan beneméritas intenciones, desarrolladas en forma de 118 medidas concretas recogidas en los 75 artículos del texto normativo. Pero no se dice nada de recuperar otro tipo de servicios públicos que el Estado y sus organismos asociados, y también empresas privadas, han ido suprimiendo de manera consciente, yo diría incluso que de forma malvada en no pocas ocasiones, hasta desmantelar casi por completo la estructura social de los pueblos que contaban con una clase social dirigente muy claramente identificada por el colectivo: el alcalde, el cura, el maestro, el médico, el boticario, el sargento (o cabo) de la Guardia Civil, el veterinario, el secretario del Ayuntamiento, el cartero. Estas personas formaban la autoridad pero también la representatividad de todo el pueblo. Al desaparecer, los pueblos han perdido sus referencias, han quedado como huérfanos, desamparados, sin tener a dónde dirigir sus miradas. En la mayoría de esos lugares, ni siquiera el alcalde o sus concejales tienen la residencia. Por supuesto, los demás tampoco.

Me pregunto cómo se puede revertir esa realidad. Cómo se puede conseguir, no solo con la ley, sino con medidas prácticas, que los antiguos servicios públicos y quienes los desempeñan vuelvan a estar radicados en los pueblos y cómo impedir que las egoístas empresas privadas, con la banca en cabeza, cierren sus instalaciones e incluso algo tan anecdótico como significativo que las iglesias no están siempre cerradas a cal y canto. Y menos mal que se ha reducido la exigencia mínima para que haya un centro escolar con solo cuatro alumnos de educación infantil y primaria, porque pocas cosas hay tan desconsoladoras como encontrar una y otra vez escuelas cerradas y calles en las que no hay un solo niño. Eso y otras muchas cuestiones que no caben en el limitado espacio de un artículo, están pendientes. La nueva legislación alienta un cierto tipo de esperanza en que puede ponerse freno a ese camino que lleva décadas cuesta abajo. Viene envuelta en ventajas fiscales y subvenciones, porque la economía siempre está en la base de todo intento de recuperación. Quizá sean argumentos suficientes para poder otear el horizonte con cierto optimismo.

(En la imagen, Barbalimpia, 328 habitantes en 1950, 11 en 2020).