29 04 2021 UNA CHAPUZA JURÍDICA Y UN DISCURSO MEMORABLE

 

         El trasvase Tajo-Segura es un tema recurrente, al que se puede volver siempre en cualquier momento porque no se agota. Yo pensaba hacerlo otra vez dentro de unas semanas, pero la muerte de José Luis Álvarez de Castro me anima a adelantar mis previsiones. En este trance se han dicho ya algunas cosas precipitadas, fruto de la desinformación o desconocimiento de los hechos. Así, por ejemplo, cuando se ha escrito que el entonces presidente de la Diputación “se opuso con todas sus fuerzas al trasvase” y por eso dimitió. De ninguna manera. Lejos de tal cosa, al comienzo de su intervención en las Cortes, lo que dijo fue: “Quiero insistir, como representante de la provincia de Cuenca, en nuestra posición de apoyo total a la operación de aprovechamiento conjunto Tajo-Segura”. Lo que el señor Álvarez de Castro quería era incorporar a la ley que se estaba debatiendo unas cláusulas de garantía para los regadíos y abastecimientos de la zona ribereña en la provincia de Cuenca y eso lo pretendía hacer mediante una serie de enmiendas al texto legal elaborado por la ponencia.

            Su intervención comenzó el 27 de abril de 1971, en la Comisión de Leyes Fundamentales de las Cortes y lo hizo de forma un tanto divertida. La ponencia había intentado impedirlo con el argumento de que la provincia de Cuenca no forma parte de la cuenca del Tajo y por consiguiente carecía de interés directo en el problema, situación que llevó al señor Álvarez de Castro a desplegar un mapa y enseñar a los procuradores dónde está Cuenca y por donde pasan el Tajo y su afluente, el Guadiela y los de este, Escabas y Trabaque, explicación geográfica tan convincente que la ponencia reconoció, efectivamente, que nuestra provincia sí está en la cuenca del Tajo y por tanto tenía perfecto derecho a hacer valer su voz y sus derechos.

            La enmienda al artículo 1º fue rechazada sin contemplaciones, pero continuaron otras en los dos días siguientes, con idéntico resultado. El día 29, comenzó la defensa de la que presentaba al artículo 4º, párrafo 4º, clave en lo que estaba sucediendo. En su intervención, el señor Álvarez de Castro se fue calentando, como se puede deducir de la lectura de las actas de aquella reunión, provocando interrupciones de la presidencia, lo que le llevó a decir que se le estaba “coartando”, con la airada respuesta del presidente: “Señor procurador, ni una palabra más”. El procurador retiró sus palabras, abandonó la sala, regresó a Cuenca y presentó la dimisión, como presidente de la Diputación y procurador en Cortes. Por tanto, tampoco es cierto, como también se ha escrito estos días, que dimitió tras aprobarse la ley del trasvase. Cuando esto ocurrió, el 19 de junio, ya había abandonado sus cargos.

            Algo que no se suele comentar es que el señor Álvarez de Castro no actuaba así por propia voluntad. El arranque del problema se encuentra en una visita a Cuenca del ministro de Agricultura, Tomás Allende y García-Baxter, en febrero de ese año, en que con relación al trasvase que se estaba preparando vino a decir, en resumidas cuentas, que a Cuenca le tocaba ajo y agua, para entendernos. Esas declaraciones provocaron “alarma y desengaño” en la Diputación de Cuenca, que fue convocada con toda urgencia para llevar a cabo una sesión extraordinaria el 12 de febrero, con ese único asunto en el orden del día, que dio como consecuencia el encargo corporativo al presidente de que llevara a las Cortes la preocupación de todos e intentara introducir algún elemento correctivo en la ley que se iba a debatir, cuyo texto se presentaba de manera tan negativa. Por tanto, es claro que en lo sucedido corresponde un protagonismo personal destacado a José Luis Álvarez de Castro, pero es igualmente cierto que actuó atendiendo al mandato que había recibido de la corporación provincial y eso, tal como yo lo veo, engrandece aún más su actuación.

            Por cierto, tanto la Diputación como su presidente tenían razón en estar alarmados y desengañados. La ley 21/71 sobre el trasvase resultó ser una chapuza jurídica, administrativa y política. Sus consecuencias aún las estamos sufriendo y así seguirá ocurriendo hasta que alguien tenga el valor de derogarla por completo.

 

 

 

 

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